Una oportunidad para convertir la solidaridad de las MiPymes en capacidad permanente de transformación territorial.

 

Durante estos últimos días he estado ayudando y movilizando acciones de solidaridad, para atender las diferentes necesidades que ha dejado el terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto y en ese recorrido viví una experiencia sencilla, pero profundamente reveladora.

 

Unos comerciantes del municipio donde vivo decidieron articular contactos y capacidades para organizar una iniciativa de apoyo, atendiendo los llamados de ciertas ayudas que debían llegar a corregimientos y municipios de las zonas afectadas por el sismo.

 

“La expectativa inicial era llenar un camión tipo furgón. Al finalizar la jornada, gracias a la articulación con personas, comerciantes y la alcaldía, logramos llenar fue una tractomula”.

 

La imagen me quedó dando vueltas.

 

No apareció de repente una gran empresa con un cheque gigantesco. Lo que apareció fue algo quizá más interesante: la capacidad de transformar muchos esfuerzos pequeños en una respuesta de mayor escala, esa es la gran respuesta que los Colombianos unidos estamos demostrando en esta catástrofe natural.

 

Cuando muchas microempresas se articulan, dejan de ser pequeños esfuerzos aislados y comienzan a comportarse como un gran actor territorial.

 

Ahí nace esta reflexión.

 

La reconstrucción también pasa por proteger las empresas

 

El sismo del 10 de agosto tuvo magnitud 7,4, epicentro en San José del Palmar, Chocó, y fue identificado por el Servicio Geológico Colombiano como el evento sísmico de mayor magnitud registrado en el país durante el siglo XXI. Pero mientras vemos viviendas, vías y edificaciones afectadas, existe otra infraestructura que también debemos mirar con atención: el tejido empresarial de los territorios.

 

Investigando cifras disponibles sobre este impacto, encuentro una línea base sobre 127 municipios de Chocó, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. Allí se concentran 269.786 empresas que reportaban 1.396.020 empleos formales. Hay un dato que considero determinante para esta conversación: 250.628 son microempresas; representan el 93 % del tejido empresarial identificado en esas zonas. (Fuente: Confecámaras)

 

Aclaro algo importante: estas cifras representan una línea base de exposición y no significan que cada una de esas empresas haya sufrido daños directos. Pero sí nos muestran la dimensión del desafío.

 

Cuando una microempresa deja de operar no solamente pierde su propietario. Se afectan trabajadores, proveedores, transportadores, compradores, familias y otros negocios que dependen de esa actividad económica.

 

Es importante colocar en consideración del lector, que reconstruir un territorio también significa lograr que sus empresas vuelvan a vender, producir, contratar y generar ingresos, por eso reconocemos los esfuerzos del Ministro Mauricio Gómez Amín que viene generando espacios de conversaciones con los líderes gremiales y las voces de los afectados que buscan apoyo para reconstruir sus negocios para sumar esfuerzos.

 

 

La movilización empresarial ya nos mostró de qué somos capaces

 

Durante el 11.º Congreso Empresarial Colombiano este mes de agosto 2026, la ANDI tomó una decisión que vale la pena analizar.

 

El encuentro, que reunió a más de 3.000 empresarios, incorporó una Jornada de Solidaridad Empresarial por Colombia para movilizar recursos, capacidades y soluciones hacia las regiones afectadas. La propia ANDI destinó inicialmente $2.000 millones, equivalentes al 50 % del valor de las inscripciones del Congreso. (Fuente: ANDI)

 

En el segundo día ya participaban más de 500 empresas y se habían movilizado más de $70.000 millones. Al cierre del encuentro, medios nacionales reportaron que la movilización empresarial había superado los $200.000 millones. (Fuente: Forbes Colombia)

 

Pero encuentro algo incluso más interesante que la cifra. La articulación no se limitó al dinero: abrió espacios para movilizar capacidades empresariales y diferentes tipos de soluciones para la atención y posterior reconstrucción. Ese es precisamente el punto sobre el cual quisiera avanzar.

 

¿Cómo pasamos de una extraordinaria movilización producida por una emergencia a una capacidad empresarial organizada que permanezca funcionando cuando la emergencia pase a una siguiente fase?

 

 

Obras por Impuestos: Colombia no tiene que comenzar desde cero

 

Durante el sismo vivido en Medellín, me encontraba a esa hora en las instalaciones de la Cámara Colombiana de Infraestructura aceptando un llamado de Fenalco Antioquia para reunirnos algunos representantes de las mesas sectoriales, con los congresistas de la Bancada Antioqueña, un espacio denominado: “Los empresarios hablan, los congresistas responden”.

 

Durante la conversación, los congresistas conocieron dentro de las iniciativas una propuesta relacionada con el mecanismo de Obras por Impuestos, que actualmente está liderado por la Agencia de Renovación del Territorio, el cual reportó con corte a diciembre de 2025 un total acumulado de 527 proyectos aprobados por aproximadamente $4,1 billones desde su creación en 2018.

 

Este mecanismo permite canalizar obligaciones tributarias hacia proyectos previamente estructurados, viabilizados y priorizados que generan impacto económico y social. En determinadas modalidades, las empresas pueden destinar hasta el 50 % de su impuesto de renta mediante este mecanismo. Actualmente tiene una focalización territorial y normativa específica, particularmente asociada a municipios ZOMAC y PDET y otros territorios que cumplen determinadas condiciones. Entre las líneas permitidas aparecen educación, salud, agua, infraestructura productiva, transporte, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo, entre otras.

 

Precisamente ahí encuentro una oportunidad.

 

Después del terremoto ya surgieron propuestas desde el Congreso para ampliar excepcionalmente su cobertura a los municipios afectados. Los senadores Julia Correa y Esteban Quintero plantearon además permitir que, bajo ese esquema excepcional, los recursos puedan utilizarse para construcción, reconstrucción y mejoramiento de vivienda de interés social rural y urbana. Es una propuesta que debe estudiarse y tramitarse; no es todavía una modificación aprobada del mecanismo. (Fuente: Revista Semana)

 

¿Es momento de evolucionar Obras por Impuestos para que, además de cerrar brechas históricas, pueda convertirse en una herramienta excepcional de reconstrucción después de grandes desastres?

 

Para mí, esta conversación trasciende el terremoto. Obras por Impuestos demuestra algo fundamental: cuando existe un proyecto estructurado, reglas claras, trazabilidad y articulación entre estado y empresa, los recursos privados pueden convertirse en soluciones públicas concretas.

 

¿Y dónde quedan las microempresas?

 

Aquí aparece el desafío que considero central. Una gran compañía puede aportar miles de millones, ejecutar a través de sus fundaciones o disponer de equipos especializados en sostenibilidad. Una microempresa difícilmente puede hacerlo sola. Pero eso no significa que deba quedar por fuera de acciones o proyectos de Responsabilidad Social Empresarial.

 

Propongo cambiar la unidad de análisis: en lugar de preguntarnos cuánto puede donar individualmente una microempresa, preguntémonos:

 

¿Qué pueden lograr cien, quinientas o mil microempresas organizadas alrededor de un mismo proyecto territorial?

 

Visualiza bloques asociativos de MiPymes vinculados a proyectos previamente estructurados, con reglas transparentes de participación, medición del impacto, reconocimiento público de quienes aportan y una entidad idónea encargada de la ejecución.

 

Los aportes no tendrían que ser iguales. Podrían corresponder a la capacidad real de cada empresa. Y aquí aparece una variable que normalmente dejamos por fuera, el consumidor.

 

Si logramos identificar y visibilizar a las empresas comprometidas con determinado proyecto territorial, el ciudadano también puede decidir apoyarlas mediante sus compras. Una empresa que vende más puede fortalecer su eficiencia financiera. Y una empresa financieramente más sólida puede aumentar, voluntariamente, su capacidad futura de contribuir. Esto ya lo estamos viendo en esta fase de solidaridad nacional desde las regiones que no fueron afectadas.

 

“Comprar también puede convertirse en una decisión de impacto territorial.”

 

 

Administrar bien también puede multiplicar impacto

 

Encuentro aquí un paralelismo especialmente interesante con las cooperativas financieras, las cuales cuentan con amplia experiencia captando ahorro, colocando crédito, gestionando riesgo y trabajando con comunidades. Su naturaleza cooperativa incorpora además una dimensión social que merece ser sumada con mayor intención en las estrategias territoriales.

 

Tomemos un caso cercano: JFK Cooperativa Financiera.

 

Value and Risk Rating mantiene para JFK una calificación AA+ para su deuda de largo plazo y VrR1+ para corto plazo, con perspectiva estable, una referencia importante cuando hablamos de capacidad financiera y administración responsable. En 2025 reportó, $58.084 millones de inversión social. (Fuente: Diario La República)

 

Mi propuesta es abrir la conversación sobre cómo las cooperativas financieras vigiladas y con capacidad demostrada podrían participar, dentro de un marco regulatorio adecuado, en esquemas de articulación y canalización de recursos privados y públicos, asociados a estos proyectos territoriales.

 

No se trata de sumar un intermediario. Se trata de sumar experiencia financiera, presencia territorial, capacidad de gestión y propósito social.

 

Estos actores también son clave en las fases de fortalecimiento empresarial, donde se requieren acompañar el proceso de renovación del tejido social y empresarial a través de proyectos que requieren créditos productivos con periodos de gracias y esquemas de programas que acompañan la compra de activos productivos, entre otros. Al final sumar estos aliados es también acceder a los beneficios sociales, financieros y educativos que impactan a los asociados y su grupo familiar.

 

¡Importante que los bancos de segundo piso también vean esta opción!

 

 

El beneficio tributario debe acompañar el modelo, no definirlo

 

Existe además una herramienta complementaria para las empresas que decidan realizar aportes a través de entidades sin ánimo de lucro habilitadas.

 

La regulación tributaria colombiana establece que los contribuyentes declarantes de renta que realicen donaciones a entidades que cumplan las condiciones correspondientes del Régimen Tributario Especial pueden, bajo los requisitos legales, acceder generalmente a un descuento tributario equivalente al 25 % del valor donado. La entidad receptora debe emitir la certificación correspondiente, identificando, entre otros elementos, el valor y destinación de la donación. (Fuente: Normograma)

 

Pero quiero ser enfático, ese no debería ser el motivo principal para participar. El incentivo tributario puede facilitar la decisión, la razón de fondo debería ser construir capacidad colectiva de transformación en los territorios. Otros países ya entendieron que recuperar empresas es recuperar territorios, la experiencia internacional también aporta señales.

 

Después de los terremotos de 2023 en Turquía, el Banco Mundial creó un proyecto de recuperación para MiPymes por US$450 millones. Posteriormente reportó que cerca de 39.680 MiPymes habían recibido apoyo financiero; otro programa de US$600 millones contempló infraestructura industrial resiliente con capacidad para albergar unas 1.600 microempresas. (Fuente: World Bank Blogs)

 

El aprendizaje que encuentro allí es sencillo, las micro y pequeñas empresas no deben observar la reconstrucción desde la tribuna; son parte de la infraestructura económica que hay que reconstruir.

 

 

De la donación a la Responsabilidad Social Empresarial

 

Después de revisar estas experiencias, los mecanismos existentes y lo que he visto durante estos días, quiero poner sobre la mesa la importancia de co-crear esquemas asociativos territoriales para acompañar proyectos de impacto social y económico en territorios que no solo han sido afectados por el terremoto, sino también replicar buenas prácticas y aprendizajes en otras regiones que viven realidades por falta de estructuras de base, que requieren herramientas e instrumentos para construir una mejor calidad de vida y dignidad a sus habitantes.

 

La clave está en dejar capacidades territoriales instaladas para evitar la dependencia de actores externos de la región. En resumen:

 

• MiPymes que se organizan alrededor de proyectos concretos.
• Entidades sociales técnicamente capaces que ejecutan y dan trazabilidad.
• Cooperativas financieras que aportan conocimiento financiero y territorial.
• Gremios y cámaras de comercio que ayudan a convocar y estructurar.
• Estado que crea reglas y habilita instrumentos.
• Grandes empresas que aportan capacidades y conocimiento.
• Y consumidores que reconocen con sus decisiones de compra, a quienes están comprometidos con transformar su territorio.

 

Así el recurso comienza a circular.

 

Promover la actividad empresarial puede generar más empleo y ventas, empresas fortalecidas pueden ampliar su capacidad de donación, esos aportes pueden financiar nuevos proyectos sociales y productivos, proyectando territorios más articulados con los actores que tienen incidencia para lograr la reactivación de su tejido social y económico.

 

La pregunta ya no sería cuánto podemos donar una vez, sino cuánto valor somos capaces de mantener circulando en un territorio.

 

Buscamos que el terremoto active algo que permanezca cuando la emergencia termine.

 

Esta propuesta nace frente a una tragedia, pero no debería morir con ella. Los municipios afectados por el terremoto necesitan soluciones ahora: vivienda, infraestructura, actividad empresarial, empleo, crédito y recuperación social. Recordemos que Colombia tiene otros territorios que, sin haber sufrido este sismo, enfrentan todos los días brechas profundas de productividad, pobreza, empleo, educación, infraestructura o inclusión financiera.

 

Esta propuesta nace frente a una tragedia, pero no debería morir con ella. Los municipios afectados por el terremoto necesitan soluciones ahora: vivienda, infraestructura, actividad empresarial, empleo, crédito y recuperación social.

 

Pero Colombia tiene otros territorios que, sin haber sufrido este sismo, enfrentan todos los días brechas profundas de productividad, pobreza, empleo, educación, infraestructura o inclusión financiera.

 

• ¿Por qué no diseñar estos mecanismos para que después puedan replicarse allí?
• ¿Qué pasaría si logramos construir pilotos regionales donde las MiPymes, cooperativas financieras, entidades sociales, grandes empresas, gremios, consumidores y estado puedan articularse en otra forma de Responsabilidad Social Empresarial?

 

No escribí esto para invitar a donar una vez. Lo escribí para invitar a construir las bases de una dinámica que pueda replicarse, adaptarse y sostenerse en el tiempo.

 

Tal vez el gran aprendizaje que podemos dejar después de esta emergencia sea:

 

“Convertir la solidaridad en articulación, la articulación en capacidad y la capacidad en desarrollo territorial sostenible”.

 

¡Llevemos juntos la Responsabilidad Social Empresarial a otro nivel de donación!

 

 

Juan Diego Suárez Domínguez

Creador de la marca JUAN INNOVA